|
Las recientes manifestaciones de este oficial, en las que anuncia su probable decisión de devolver la condecoración recibida, y su crítica a la conducta del gobierno nacional merecen una consideración que vaya más allá del análisis de la sanción de arresto que se le acaba de imponer. Es que no puede dejar de considerarse la situación institucional generada por una iniciativa legislativa que pretende variar el estado procesal de los integrantes de ese grupo armado, oportunamente condenados por la Cámara Federal de San Martín. Al analizarse la pretensión de retrotraer la situación de los condenados a la etapa anterior a la condena, a fin de permitir el acceso a una doble instancia, no debe perderse de vista el efecto práctico que podría producirse si se quieren considerar los años de condena transcurridos como años de "procesado", dada la existencia del régimen del "dos por uno". Eso sería inadmisible, tanto lógica como jurídicamente. De allí a la libertad de los condenados hay un corto trecho y una nueva sentencia condenatoria podría tornarse ilusoria. Si las instituciones de la República resuelven permitir una nueva instancia procesal, satisfaciendo requerimientos de los organismos internacionales de derechos humanos -cuya opinión no obliga en derecho a la República Argentina- se habrá logrado una reformulación del alcance de la garantía de defensa de los condenados. Pero, y esto es lo importante, no resulta aceptable que en ese marco se pretenda variar la naturaleza jurídica de cada año de condena cumplido por los integrantes del Movimiento Todos por la Patria. El teniente coronel (R) Nani ha llamado la atención de la ciudadanía y ha recibido por eso una sanción privativa de su libertad que él mismo considera justa. Es necesario comprender el mensaje que envía a una sociedad que tiene el deber moral de escucharlo. |
|||