Fernando de la Rúa firmó final mente ayer el decreto que conmu ta las penas de once condenados por el ataque guerrillero al cuartel de La Tablada, en 1989. Así, nueve participantes del copamiento podrían quedar en libertad a mediados del 2002, y los otros dos recién en el año 2003 y 2005. Dos horas después de que el Presidente estampara su firma en el documento, los condenados levanta ron la huelga de hambre que mantuvieron durante 116 días.

Dos de ellos quedaron fuera de la lista de beneficiados: el perdón presidencial no alcanzó al líder del Movimiento Todos por la Patria (MTP) y ex guerrillero, Enrique Gorriarán Merlo, y a su esposa, Ana María Sívori. Esto es porque ambos fueron juz gados en 1997 y tuvieron la posibilidad de una segunda instancia judicial, que con firmó sus condenas.

De acuerdo al texto del decreto presi dencial firmado ayer:

· Los nueve condenados a prisión per petua ahora deberán cumplir 20 años de prisión. Y entonces, podrán solicitar su li bertad a mediados del año 2002.

En esta categoría se encuentran: Miguel Angel Aguirre, Luis Díaz, Isabel Fernán dez, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Car los Motto, Sergio Paz, Claudio Rodríguez y Claudio Veiga. Todos fueron considera dos por la Justicia como coautores de aso ciación ilícita, usurpación, homicidio do blemente agravado reiterado y múltiple homicidio, entre otros delitos.

Los dos restantes que figuran en el de creto tienen perdones diferenciados:

· Roberto Felicetti fue condenado a re clusión perpetua, más la accesoria de re clusión por tiempo indeterminado. La Jus ticia lo consideró el responsable principal del copamiento al cuartel. Ahora, deberá cumplir una pena de 25 años de prisión. Y estará en condiciones de solicitar su liber tad condicional a mediados del 2005.

· El otro caso es el de Claudia Acosta, también condenada a reclusión perpetua, por haber sido identificada como otra de las jefas del copamiento. El Poder Ejecuti vo dispuso que cumpla 22 años de prisión como condena. Podría abandonar la cárcel a mediados del año 2003.

En el Gobierno resaltaban ayer que "el Presidente sólo conmutó las penas, pero será la Justicia la que determine si los de tenidos están en condiciones o no, de ac ceder a la libertad condicional".

El decreto presidencial es el resultado de un juego de presiones y negociaciones con la Comisión Interamericana de Dere chos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos). El organismo que agrupa a los países del continente ex cepto Cuba, había recomendado en 1997 que se revisen las condenas de La Tablada.

Pero los condenados por el sangriento ataque a La Tablada fueron juzgados bajo la ley de Defensa de la Democracia, elabo rada durante la presidencia de Raúl Al fonsín. La norma estableció que no existie ra una segunda instancia judicial para aquellos que atentaran contra las institu ciones democráticas.

De todas maneras, la OEA amenazaba con enviar el caso a la Corte Interamerica na, con sede en Costa Rica, y pedir una sanción internacional para el Estado ar gentino, en caso de que continúe sin es cuchar sus recomendaciones.

La OEA quería un gesto de la Argenti na, y la reducción de penas fue el más po table para De la Rúa, quien no era partida rio de conceder por decreto la segunda instancia judicial a los condenados.

El Gobierno también mantuvo negocia ciones con los abogados de los presos du rante los últimos dos días, para asegurarse que estos levantaran la huelga de hambre después de dictado el decreto. Y así fue co mo sucedió finalmente.